En su intervención ante los medios de comunicación, la vicepresidenta ha subrayado que, del total de 70.000 millones que movilizará el PRTR en el periodo 2021-2023, un 40,29% de las inversiones deberán contribuir a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como a la meta de plena descarbonización de la economía a 2050. Asimismo, el 100% de las inversiones debe respetar el denominado "filtro verde", de modo que la totalidad de reformas y actuaciones sujetas al Plan no provoquen ningún daño significativo al medio ambiente.
De esta forma, el Plan de Recuperación Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia refuerza el compromiso del Gobierno con la modernización y transformación verde de la economía, priorizando la transición ecológica del sistema productivo y la creación de empleo de calidad. "Este plan relanza nuestra economía y nos permite alcanzar una mayor resiliencia ante futuros choques económicos y escenarios de incertidumbre", ha destacado Ribera.
En este sentido, la vicepresidenta ha reseñado también la importancia de "contar desde ya con un marco normativo y estratégico como punto de partida para la activación de las reformas e inversiones procedentes de los fondos del Plan de Recuperación". El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde o la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética constituyen -dijo- una base sólida para que España diseñe los ámbitos relacionados con energía y clima en el marco del Plan de Recuperación.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) asumirá la gestión de 15.339 millones procedentes del Plan de Recuperación, lo que supone un 21,95% de la inversión total con arreglo a los fondos europeos. De esa suma, 10.756 millones irán destinados a la transición energética, justa e inclusiva, mientras que los 4.583 millones restantes se dedicarán a infraestructuras y ecosistemas resilientes.
"La aportación de este ministerio es especialmente significativa en la lucha contra el cambio climático. El conjunto del Plan de Recuperación no sólo ha de cumplir escrupulosamente con la legislación ambiental, sino que ha de velar por recoger correctamente la ambición climática de este Gobierno", ha explicado Ribera.
La transición ecológica y las actuaciones en materia de energía y clima están presentes de forma transversal en todas las políticas del Plan de Recuperación. En concreto, la actualización de la agenda rural y urbana, las inversiones en infraestructuras y ecosistemas resilientes y el impulso de una transformación energética justa e inclusiva son las palancas del plan con mayor peso en transición ecológica y reto demográfico.
A su vez, los más de 15.000 millones gestionados por el MITECO se reparten en actuaciones articuladas en las distintas componentes del Plan de Recuperación. La movilidad sostenible, la rehabilitación de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, la conservación y restauración de ecosistemas, el despliegue de la generación de renovables o la hoja de ruta del hidrógeno verde constituyen algunas de las líneas con mayor inversión en transición verde.
Las reformas estructurales articuladas por el MITECO en materia de transición ecológica componen un marco normativo estratégico para estimular la inversión privada, impulsar nuevos modelos de negocio y avanzar en la dinamización de los sectores económicos aplicando una perspectiva verde a todos los niveles.
En este sentido, el MITECO trabaja en el diseño una batería de medidas enmarcadas en los principales ejes de actuación del Plan de Recuperación. La Ley de Movilidad Sostenible, el nuevo marco normativo para el impulso del vehículo eléctrico, la actualización de la Ley de Aguas, la Estrategia Nacional de Autoconsumo o el desarrollo de comunidades energéticas locales son algunas de las reformas en marcha para garantizar la transición verde de la economía.
A su vez, las inversiones realizadas en cada una de estas reformas son claves para la recuperación económica. El Plan MOVES III para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de 100.000 puntos de recarga para 2023, las actuaciones en materia de eficiencia energética y de saneamiento y depuración en núcleos de menos de 5.000 habitantes son clara muestra del esfuerzo inversor del Gobierno en el modelo de recuperación sostenible.
"El desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y resiliencia climáticas permiten optimizar inversiones a la vez que preservamos y protegemos el capital natural del país", ha valorado Ribera.
A lo largo de los últimos meses, el MITECO ha impulsado diferentes iniciativas para fomentar la participación de todos los agentes sociales en el Plan de Recuperación con el objetivo de adecuarlo a la realidad de España.
En este sentido se han llevado a cabo varias reuniones con la Comisión Europea, el sector privado y la sociedad civil para comunicar los detalles del plan y recabar información y propuestas para mejorar la definición de su contenido.
También se han constituido foros de alto nivel para cada una de las políticas palanca del Plan de Recuperación con el objetivo de favorecer el diálogo y cogobernanza entre todos los actores públicos, privados y la comunidad académica. Así, el 19 de octubre tuvo lugar la primera reunión del Foro para la Transición Energética Justa e Inclusiva, el 10 de noviembre se constituyó el Foro sobre Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes y el Foro de Cohesión Territorial se conformó el pasado 26 de abril.
Además, las Conferencias Sectoriales de Energía y Medio Ambiente han permitido reforzar la colaboración entre el MITECO y las autonomías para avanzar en el objetivo de neutralidad climática y conservación del entorno natural y la biodiversidad. "Es imprescindible contar con las comunidades autónomas y las entidades locales, tanto para identificar y dinamizar proyectos como para gestionar actuaciones, dado que una parte sustancial de las mismas serán de gestión territorial", ha señalado Ribera.
Asimismo, las 8 manifestaciones de interés lanzadas por el MITECO han recogido más de 10.000 proyectos procedentes del ámbito público y privado y han contribuido a revelar una fotografía clara de las necesidades y oportunidades en materia de transición ecológica y reto demográfico para acercar la ejecución del Plan de Recuperación a todos los agentes.
El MITECO ya ha puesto en marcha las primeras actuaciones con arreglo al Plan de Recuperación. Las conferencias sectoriales han delimitado el reparto territorial de los primeros fondos para la activación de medidas concretas en el ámbito autonómico y local.
Los más de 200 millones destinados al impulso del autoconsumo eléctrico en edificios industriales, los 400 millones ampliables a 800 del Plan MOVES III o las actuaciones en materia de regeneración de edificios y transición energética en municipios de menos de 5.000 habitantes componen las primeras líneas de acción del Plan en materia de energía.
Al mismo tiempo, y en materia de medio ambiente, el Plan de Saneamiento y Depuración para pequeños municipios dotado de 100 millones, el Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos dotado de 421 millones y la inversión de 60 millones para la corrección de tendidos eléctricos son los primeros proyectos que se ejecutarán dentro del Plan de Recuperación.
El Plan de Recuperación también destina una línea de inversión a la reactivación de las zonas en declive demográfico. En total, más de 10.000 millones dirigidos a vertebrar el territorio a través de una batería de actuaciones transversales orientadas a luchar contra la despoblación y marcar una agenda de igualdad y cohesión territorial a través del Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico.
Los objetivos de este plan pasan por alinear la acción sobre el territorio de todos los departamentos ministeriales y aplicar la perspectiva demográfica al proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la Administración Pública. La meta es mejorar la vertebración territorial de España, eliminar la brecha urbano-rural y poner en marcha acciones concretas para reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico.
En este sentido, el plan de medidas orienta sus actuaciones a la consecución de dos objetivos fundamentales para la cohesión social y territorial: garantizar la igualdad de derechos en cuestiones como la prestación de servicios, la igualdad de género o la eliminación de brechas sociales, y generar oportunidades de emprendimiento e impulso de la actividad económica en los territorios con mayores dificultades para competir en mercados globalizados.