La Castellana es una de las principales arterias del corazón de Madrid. Cientos de miles de personas la recorren cada día, muchas de ellas para ir a esos enormes edificios acristalados que se confunden con el cielo. Hace unos años, si mirabas hacia el suelo, en uno de sus pasos de cebra podías leer un verso de Ángel Pérez Gómez: «Imprimo átomos de mis pies en el suelo de esta ciudad y ella cuida de mis pasos». Hoy, el tiempo y las huellas de nuestros zapatos –y de nuestras ruedas– han borrado el mensaje. Una buena metáfora de que aún tenemos que pensar cómo hacer de la cuidad un entorno amable que nos cuide.
Conseguirlo pasa por abordar la forma en la que nos movemos por ella. Ese fue el tema central del encuentro Desarrollo sostenible y bienestar urbano, la tercera entrega del Foro Move de Movilidad Sostenible, una serie de encuentros organizados por ALD Automotive en la que diferentes voces relevantes debaten sobre cómo abordar desafíos pendientes y repensar aspectos clave como la seguridad vial, la sostenibilidad o el impacto del sector.
«Hablamos mucho de las consecuencias de la mala movilidad –las emisiones, el ruido, la seguridad…– pero es el momento de hablar en positivo de los cambios que se están produciendo en la misma sociedad y en su concepto de bienestar. No se trata tanto de hablar de la dicotomía peatón-automóvil, sino de lo que ya estamos viendo: la electromovilidad compartida, el pago por uso, la regulación de los dispositivos de movilidad personal o las soluciones para la España despoblada», introducía Antonio Cruz, subdirector general de ALD Automotive.
La demografía nos indica que, inexorablemente, las cuestiones socioeconómicas nos van volviendo seres cada vez más urbanos. En el informe España 2050 se dibuja un escenario en el que, para mediados de siglo, más del 88% de la población vivirá en ciudades; y, en términos globales, Naciones Unidas sitúa el porcentaje en un 68%.
CAMBIOS EN LA CULTURA DEL TRABAJO, CAMBIOS EN LA CULTURA DEL DESPLAZAMIENTO
El mundo está cambiando a toda velocidad, y uno de los aspectos en los que mejor podemos comprobarlo es en lo referente a cómo nos relacionamos con nuestro trabajo. Hoy, la semana laboral de cuatro días está más que nunca sobre la mesa, y la posibilidad de teletrabajar se ha convertido en un requisito sine qua non para muchas personas que se plantean cambiar de empresa. «Las nuevas formas de trabajo implican nuevas formas de movilidad y de gobernanza. Es el momento de plantear este tipo de medidas ya no por cuestiones pandémicas, sino para mejorar la sostenibilidad, para reducir el consumo energético y el tiempo de desplazamiento de los trabajadores…», explica Manel Ferri, patrón de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura y autor del libro – estudio La movilidad al trabajo: un reto pendiente.
Para el experto, adoptar una nueva cultura laboral más eficiente y sostenible pasa por la mejor gestión de la demanda de los desplazamientos, pero también por tender puentes entre las administraciones públicas y privadas. «Igual que se implementaron planes de igualdad en todas las empresas, es el momento de hacer lo mismo con los planes de movilidad, incorporando perfiles de gestores que se ocupen de ello. También hacen falta los incentivos para la movilidad sostenible: somos el único país de Europa que no contempla ese tipo de medidas para el desplazamiento activo al trabajo. Si hemos asistido a décadas de ayudas al sector del automóvil, ¿por qué no hacer lo mismo para impulsar la bicicleta?», plantea.
La falta de seguridad en unas calles pensadas para el coche, los prejuicios sobre el uso de ese tipo de vehículos o la falta de legislación son algunos de los principales obstáculos. «Tenemos segmentos de la población que aún no son conscientes de las nuevas formas de movilidad, y por eso la regulación tiene que evolucionar para cambiar los usos», reclama Antonio Soriano, project manager de Mobility City, perteneciente a la Fundación Ibercaja.
En su opinión, hace falta trabajo y sensibilización para eliminar los prejuicios, así como avances técnicos y económicos para construir una movilidad para todos. «Necesitamos puntos de recarga porque vamos a la cola de Europa en electrificación, pero también sistemas de smart ticketing que permitan centralizar el pago o las distintas aplicaciones y plataformas para ponérselo fácil al usuario, por ejemplo. Tenemos pendiente que el modelo de movilidad eléctrica sea accesible y democrático para todos», añade.
LA REINVENCIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA (Y MÁS ALLÁ)
En esa democratización juegan un papel importante las marcas, pero también las diferentes administraciones. Eliminar barreras entre ambas es clave, como también lo es mejorar no solo la cantidad sino sobre todo la eficiencia para que las ayudas y bonificaciones a la movilidad eléctrica lleguen. El reciente informe eReadiness 2022, elaborado por Strategy&, la consultora estratégica de electromovilidad de PwC, reconoce que aunque los incentivos son cuantiosos –hasta 7.000 euros en ayudas directas más exenciones de impuestos–, es habitual que tarden más de un año en llegar a sus destinatarios.
«El exceso de regulación hace que, aunque los fondos del Plan Moves estén ahí, apenas se consuman. Existe en este asunto una enorme brecha de comunicación», subraya Alberto Olivera, CEO de Smart. Con más de doscientos modelos de vehículos en el mercado e infinidad de tipos de coche, él cree que la industria «ha cumplido sus deberes» y trabaja para adaptarse a las nuevas formas de desplazarnos. Ellos también lo hacen: si la compañía fue pionera en vehículos eléctricos urbanos y en apostar por modelos de movilidad como Car2Go, ahora están inmersos implementar un nuevo estilo de vida eléctrico, incluyendo el despliegue de soluciones en el mundo rural.
Guillermo Catalán, de la unidad de desarrollo de negocio de movilidad eléctrica en Repsol, también pide una mayor agilidad en la toma de decisiones para poder acometer los cambios necesarios para electrificar la movilidad. Pone un ejemplo: se tarda casi un año y medio en poder obtener los permisos necesarios para instalar un punto de carga rápida, tanto que incluso a veces la garantía del propio dispositivo vence antes de que se ponga en funcionamiento. «Nosotros tenemos en marcha un proyecto para instalar más de 1.100 cargadores en la red, pero nos encontramos con que la burocracia es muy lenta y todo tiene que pasar por administraciones locales, autonómicas, nacionales…», reconoce.
Para él, apostar por una ventanilla única o por un modelo estandarizado de declaración responsable agilizaría el proceso y permitiría avanzar en la instalación de puntos de recarga, aunque no supedita a ellos el despliegue de una movilidad más verde. «Creo que no habrá un único camino y tendremos que pasar por otras soluciones, desde el hidrógeno a los biocombustibles. Lo que está claro es que el futuro pasará por la tecnología», opina Catalán.
De hecho, según el citado informe de Strategy&, la evidente falta de infraestructuras es uno de los principales lastres para el despliegue nacional de la movilidad eléctrica, en el que también tiene un peso considerable la coyuntura económica que atravesamos: según su encuesta, los consumidores que desean comprar un coche eléctrico son los que cuentan con menor poder adquisitivo. A mayores y, como música de fondo, se encuentran los nuevos intereses y tendencias entre los más jóvenes, que posponen la compra de vehículos –e incluso la obtención del carné de conducir– en favor de nuevas formas de desplazarse.